El patrimonialismo de nuestras administraciones

La Consejera de Educación de la Junta de Andalucía negó varias veces que hubiera solicitado una muestra especial en el último estudio PISA de la OCDE, el de 2003 (una prueba de conocimientos a los adolescentes de 15 años). Con esas muestras se pueden tener datos desagregados por comunidades autónomas con garantía de fiabilidad. Lo negó varias veces, incluso a preguntas en el Parlamento de Andalucía. Pero la verdad era otra. José Manuel Lacasa, editor de la revista Magisterio y director del recién creado Instituto Forma, lo averiguó y, lo peor para la consejera, consiguió conocer los códigos en la base de datos de la OCDE correspondientes a la muestra andaluza (la historia: aquí).

Hace unos días el Instituto Forma publicó los resultados del PISA 2003 para Andalucía, con gran escándalo del gobierno andaluz, que intentó escurrir el bulto de nuevo. Desafortunadamente para ellos, los datos son buenos, la empresa que hace el campo del PISA en España ha confirmado la existencia de esa muestra ampliada y el propio Ministerio de Educación ha confirmado que los datos utilizados son los correctos. Los partidos de oposición ya han pedido la dimisión de la consejera, aunque ésta, por ahora, sigue en su puesto.

A mí lo que me llama la atención es el empecinamiento en sostenella en un caso como éste, en el que los datos están a disposición de quien quiera utilizarlos, y, por tanto, se corre el riesgo de que alguien avispado--y/o perseverante--averigüe los códigos correspondientes y publique los resultados. Total, ya sabíamos que los resultados de Andalucía están por debajo de la media de España. Otros indicadores de resultados escolares en España tampoco dejan muy bien a Andalucía. En cierta medida, ello, simplemente, se explica porque el nivel socioeconómico de los andaluces es inferior a la media. Quizá no sea una excusa, pero sí una explicación de parte de la diferencia.

Quizá es que nuestros políticos, como los de otros países, consideran que esos datos son suyos, reflejando una concepción de la administración pública más propia de las burocracias patrimonialistas, en las que los "servidores" públicos pueden apropiarse de los cargos (y de los recursos inherentes a éste) que de las burocracias modernas, en las que se produce una separación radical entre el cargo y quien lo ocupaEn realidad, no sé por qué me extraño. Que yo sepa (en esto puedo estar equivocado), el instituto que lleva a cabo las evaluaciones del conocimiento de los estudiantes españoles (el INECSE, antes INCE) tampoco permite a los investigadores el acceso a los datos brutos. Nos tenemos que conformar con sus publicaciones, en las que, por cierto, desde hace tiempo, no se recogen los resultados por comunidades autónomas. No vaya a ser que nos dé por comparar y pedir cuentas a los responsables.