Nuevo documento del Foro Calidad y Libertad de Enseñanza

El debate público sobre la enseñanza en España está que arde (y este blog amenaza con volverse monotemático, pero la actualidad manda). Si hace unos días me hacía eco de la última encuesta del instituto IDEA, hoy reseño la última publicación del Foro Calidad y Libertad de Enseñanza, un grupo de personas interesadas en estimular el debate educativo, auspiciado por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), esto es, la asociación de centros de enseñanza católicos.

La publicación se denomina "Libertad y financiación de la enseñanza. Condiciones y exigencias" (disponible aquí). En lo fundamental, se dedica a defender, con cifras y razones, la necesidad de la enseñanza concertada en España y, claro, la de una mejora de los conciertos, esto es, el régimen de subvenciones a dicha enseñanza, pues su montante se habría quedado desfasado, sobre todo, porque sus aumentos anuales han ido por debajo de la inflación. Probablemente, tienen razón en esto.

Aquí sólo quiero resaltar dos cosas del informe. Una "de cal" y otra "de arena".

La de cal. Ofrecen un dato interesante, el del gasto público por alumno en enseñanzas no universitarias, tanto para la enseñanza pública como para la concertada. Creo que no es el total, sino sólo el corriente, pero sirve para hacernos una idea: en la pública, para el curso 2001-02, dicho gasto ascendió a 3.518 euros, frente a 1.841 para la concertada (un 48% menos) (1). Obviamente, con esa financiación los centros concertados no cubren todos los costes. De ahí que tengan que contar con las aportaciones de personal no/poco remunerado (religiosos) y con las de los padres (en principio para actividades extraescolares, no para la enseñanza; en la práctica, ayudan a financiar la enseñanza). Con todo, el coste por alumno, no sólo el gasto público, es notoriamente más bajo, por término medio, en la enseñanza concertada que en la pública. En el curso 1999-2000, según la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada del INE, el gasto por alumno en enseñanza privada (no sólo la concertada) se situaba en el entorno de los 2.600 euros (esto incluye, creo, todos los gastos, incluso los no dedicados específicamente a la enseñanza). El alumno público costó, según mi estimación (algo gruesa: [gasto público en enseñanzas no universitarias - conciertos o subvenciones] / número de alumnos en esas enseñanzas en centros públicos), unos 3.200 euros, esto es, 600 euros más. Es decir, así medido, el coste por alumno en la privada era el 80% del coste de la pública. En el caso de la concertada, ese porcentaje se reduciría, fácilmente, hasta el 70%.

Para mí, estas cifras tienen un interés principal, el de comparar la eficiencia de la enseñanza pública y la privada concertada. Sabemos que los resultados escolares de la segunda suelen ser mejores que los de la primera, tanto medidos según los filtros de paso del sistema educativo (tasa de aprobados en la ESO, tasa de aprobados en Bachillerato o en Selectividad) como en los tests nacionales (Inecse) e internacionales (PISA). Dicha diferencia se reduce bastante, de todos modos, si tenemos en cuenta la distinta composición social: el status socioeconómico de la enseñanza pública es algo más bajo que el de la concertada (y, además, tiene más estudiantes extranjeros). Sin embargo, aunque el tener en cuenta el nivel social del alumnado igualase los resultados de ambos tipos de centros (en realidad, no es así), los centros concertados seguirían siendo bastante más eficientes que los públicos, al requerir menos recursos por alumno para conseguir los mismos resultados. Lo cual da que pensar.

La de arena. A través de este documento, FERE sigue infravalorando las posibilidades de una figura como la del cheque escolar, cuya aplicación desestima con un razonamiento muy simple, a pesar de las ventajas (grandes) que le reconoce. Veamos su argumentación (con mis anotaciones, bastante a vuela pluma, la verdad).

El cheque escolar, presenta, sin embargo, escollos difícilmente superables.

Dado que es consustancial a dicho sistema que los centros fijen libremente sus precios, y puesto que los fondos públicos son limitados, solo será gratuito el Centro cuyo precio coincida con el importe del bono o cheque escolar que satisfaga la Administración a la familia. Con este sistema, se da carta de naturaleza a la estratificación de la población escolar en los centros de distintos niveles en función de la capacidad económica de los alumnos.

Que la enseñanza no sea "gratuita" no quiere decir que sea especialmente onerosa. Con un cheque escolar equivalente al gasto público por alumno más arriba comentado (unos 3.500 euros, esto es, unas 590.000), cualquier familia podría pagar casi todos los colegios concertados y una buena parte de los centros privados. Incluso, los centros privados puros estarían al alcance de muchas familias de ingresos bajos o medios-bajos: un buen centro privado en Madrid puede costar unos 7.200 euros por alumno. A una familia con dos hijos le costaría 14.400; con un cheque así (2 x 3.500), sólo le costaría 7.400. En todo caso, no olvidemos que con un sistema de cheque escolar y competencia libre entre los centros, éstos tenderían a ser más eficientes (como ocurre en cualquier mercado) y podrían bajar los precios.

Por otro lado, la estratificación por capacidad económica ya se da en el sistema actual. No veo por qué habría de ser mayor con un sistema de cheque escolar. Quizá sea al contrario, pues la capacidad de adquirir servicios de enseñanza mejoraría, sobre todo, para las familias con menores ingresos.

Consiguientemente, la libertad de elección de centro queda absolutamente condicionada por razones económicas. Los centros pueden seleccionar a sus alumnos por razones económicas al fijar sus precios.

La libertad de elección siempre está (mucho o poco) condicionada por razones económicas. En la actualidad ya lo está, y bastante. Y los centros ya seleccionan a sus alumnos por razones económicas. Lo hacen (no todos, ni sistemáticamente) los concertados, al establecer cuotas "voluntarias" para actividades extraescolares. Lo hacen, obviamente, los privados puros. Y lo hacen, no se sorprendan, unos centros públicos frente a otros, aunque de manera más sibilina (recuerden el ejemplo que puse hace unos días: un centro público casi sin inmigrantes al lado de otro con bastantes inmigrantes; esto es, en parte, resultado de la disuasión que ejerce la dirección del primero).

En el ámbito de la educación el módulo de coste no es, primariamente, el puesto escolar, que define el importe del cheque, sino la unidad escolar (aula o clase). El coste de la unidad es el mismo con independencia del número de alumnos por unidad.

La cuestión de los costes fijos por unidad no parece que sea una dificultad difícilmente superable, sobre todo si se les permite una mayor flexibilidad a los centros para "ajustar" el tamaño de sus unidades escolares. De hecho, esto es lo que hacen los centros concertados: una de las razones por las que son menos costosos es porque suelen albergar a más alumnos por unidad que los públicos, por término medio.

Por este motivo, el cheque escolar plantea serias limitaciones para garantizar la gratuidad. El establecimiento del cheque escolar acentúa la discriminación de los alumnos de zonas con escasa densidad de población y de los alumnos con necesidades educativas especiales.

En la actualidad la enseñanza no es gratuita para las familias. No sólo pagan religiosamente sus impuestos, de los que sale la financiación de la enseñanza pública y la concertada, sino que compran a sus hijos libros y demás material escolar, además de sufragar toda una colección de actividades extraescolares. Con un cheque escolar como el mencionado, la enseñanza seguiría siendo "gratuita" para casi todo el mundo (pues cubriría los costes de casi todos los centros), menos para quienes prefirieran suplementar de su bolsillo el cheque escolar y llevar a sus hijos a colegios con precios superiores a dicho cheque. Tampoco hemos de olvidar que la gratuidad no es ninguna bicoca en términos de "igualdad social": puede implicar, perfectamente, una subvención indirecta a familias con un poder adquisitivo relativamente alto.

Por otro lado, para las familias en zonas rurales y con hijos con necesidades especiales, siempre se podría habilitar becas especiales, que suplementasen el cheque escolar.

En última instancia, yo creo que la enseñanza concertada recela, paradójicamente, de la libertad de elección de los padres. No sé por qué, la FERE parece imaginarse que las familias a las que atienden van a huir en desbandada hacia la enseñanza privada pura, con la que, eso sí, entrarían en competición directa–cosa que casi no sucede ahora. Parecen estar más a gusto en su nicho "de mercado" actual, con un tipo de financiación pública que llega directamente a los centros sin pasar por las familias, y que se negocia directamente con la administración. Y, sobre todo, sin competir libremente. Ésa es la impresión que dan.

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(1) Se trata de un cálculo grueso pero con las estadísticas públicas poco más se puede hacer. Yo he pensado que, en parte, esa gran diferencia podría deberse a la diferente composición de cada sector por niveles educativos y a que en la pública abundasen más los más caros. Algo de eso debe de haber, pero la variación es relativamente pequeña: en la concertada hay un porcentaje algo menor de alumnos en secundaria (el nivel más caro), pero también hay un porcentaje menor en educación infantil (el nivel más barato). Con las estadísticas del MEC, se puede comprobar que la diferencia a favor de la enseñanza pública es similar en las dos agrupaciones por niveles que se pueden hacer (infantil+primaria, toda la secundaria).