La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tiene, como tantas asociaciones, una doble alma, que le lleva a incoherencias básicas de relieve. Propone la libertad de horarios comerciales y lo hace con palabras claras y, aparentemente, de alcance general:
"Nadie obliga a nadie a ofrecer al consumidor uno o varios productos, a que se abra o deje de abrir cuando quieran, pero nadie puede o debe prohibir que si alguien esta dispuesto a vender y alguien esta dispuesto a comprar, se restrinjan las condiciones en que esa operación puede realizarse."
Pero, vistas, por ejemplo, las
prioridades en política de consumo transmitidas a los futuros parlamentarios europeos por España en las elecciones de junio de 2004, parece claro que su pulsión fundamental es a la intervención estatal y a la prohibición. Sólo a título de ejemplo:
–apuesta por la armonización mínima de las políticas de consumo de los estados miembros de la UE, pero sólo para que cada uno de ellos puede adoptar "medidas más estrictas";
–autorregulación mediante códigos de conducta, sí, quizás, pero sólo una vez que se haya adoptado "un marco jurídico que establezca los principios y criterios que rijan su aplicación";
–en seguros, toca prohibir el uso de factores de diferenciación, como el sexo o la edad (pero si las mujeres corren menos riesgos, ¿por qué van a pagar primas iguales que los varones?), así como toda discriminación basada en criterios que no dependen de la voluntad de los consumidores ("todos iguales ante el seguro", vendría a ser el slogan);
–un refuerzo de las normas de seguridad de los juguetes (ya sabemos,
casi todos tóxicos, perjudiciales o incumplidores de la normativa);
–mantener la actual prohibición de hacer publicidad de medicamentos de prescripción;
–"imperiosamente necesaria" puesta en marcha de una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria;
–respecto a la publicidad de alimentos con supuestos efectos benéficos para la salud, prohibir las "alegaciones alimentarias y relativas a la salud que no estén demostradas científicamente".
Su "exigencia" (¿a que suena autoritario?) de
gratuidad de los libros de texto va también en esa línea.
No hay mucho en esas recomendaciones de dejar que funcione el mercado, de ayudar (mediante la persuasión de organizaciones como la propia OCU, financiadas, por supuesto, con las cuotas de sus socios y con la venta de sus productos y no con subveciones estatales) a la formación del juicio de los consumidores, de manera que estos disciernan y "penalicen" a las empresas que engañan, exageran o no cumplen lo prometido, no comprando sus productos y sí los de la competencia.
No sólo es incoherente la OCU en sus propuestas (o quizá no lo es, pues sabe que la libertad de horarios comerciales no la va a permitir ningún gobierno en el medio plazo, mientras que las medidas prohibitivas están a la orden del día), sino que, como tantos, usa un estupendo doble rasero: prohíbanse las "alegaciones ... relativas a la salud ... no demostradas científicamente", pero llévense a cabo la colección de medidas restrictivas que yo propongo aunque la evidencia que las sustenta sea mínima, y aunque la lógica de su argumentación sea perversa.
Viene esto al caso de
su última campaña, en pro de atajar el
terrible problema de la obesidad de nuestros niños. En este caso,
el habitual chivo expiatorio vuelven a ser las empresas alimentarias, sobre todo las que fabrican alimentos (supuestamente) ricos en grasas grasosas y grasientas y que, encima, cometen el delito de anunciarlos por la televisión en el denominado horario infantil. El argumento sería: los niños ven demasiada publicidad en televisión, gran parte de esa publicidad se refiere a esos alimentos, la culpa de la obesidad y los problemas de peso de los niños la tiene esa publicidad, luego hay que prohibirla.
No entro, hasta ver el informe en que basan esta vez sus "exigencias", en la salubridad de la metodología del estudio (pues no la explican, más que sumariamente, en la nota de prensa), aunque me parece dudosa (no tengo claro que se puedan generalizar a todo un año los resultados de una semana de televisión). Lo que resulta claramente torcido es la argumentación derivada de ese supuestamente elevado consumo de publicidad alimentaria. Veamos:
1. "La conclusión más llamativa es que los niños ven a diario alrededor de 100 anuncios, de los cuales el 48% son productos de alimentación, responsables en gran medida de los desequilibrios dietéticos de los niños". Por supuesto, no aportan ninguna evidencia, porque, probablemente,
no la hay o no es clara.
2. "La mayoría de productos que proponen la publicidad emitida durante al programación infantil son ricos en grasa, azúcar o sal. La publicidad queda copada por el "grupo de los 5": dulces, fast food, cereales azucarados, aperitivos salados y refrescos. Esta propuesta alimentaria es claramente contraria a las necesidades nutricionales de nuestros menores. ... La OCU denuncia la inversión de la pirámide nutricional que propone la publicidad".
Esto puede ser cierto, pero, primero, las empresas son libres de anunciar lo que quieran. Nadie obliga a nadie a ver sus anuncios y, aun viéndolos, esos anuncios no nos convierten en autómatas carentes de voluntad.
Tampoco a los niños, por supuesto, frente a cuyos posibles automatismos siempre ha de estar, antes que nada, el sentido común de los adultos a su cargo, esto es, sus padres. Éstos son los que les compran sus alimentos y los que limitan (o no) las compras que pueden hacer los niños por su cuenta.
Segundo, ¿acaso cabe imaginar que la publicidad alimentaria en televisión refleje, no ya la supuestamente ideal dieta que promueven, con sus modas correspondientes, el establishment médico y político, sino la dieta habitual de los que ven televisión? En ningún caso. En muchos productos alimentarios, la competencia entre los productores no implica diferenciar sus marcas por televisión u otros medios, sino (en la medida que operen los mercados; un supuesto que no siempre se cumple) ofrecer buenos productos a los distribuidores mayoristas correspondientes, éstos a los minoristas (supermercados, hipermercados...), quienes habrán de satisfacer a los consumidores finales para que no huyan a la competencia. Por eso, son los hiper y los super los que hacen la publicidad (que no suele ser televisiva), diferenciando su oferta de la de otros hiper o super.
No cabe pensar que sea frecuente o siquiera exista la publicidad de marcas de fruta, de verdura, de carne, de pescado, y de productos similares. Luego lo normal es que la "pirámide nutricional" esté invertida.
3. "Además, en su estudio, la OCU ha comprobado que las muy limitadas emisiones de programas infantiles están plagadas de anuncios y no todos son inocuos...".
Aquí se traiciona, una vez más, la propia OCU. De modo que las emisiones de programas infantiles son "muy limitadas". ¿Tendrían que ser más amplias para atraer todavía más a los niños al consumo televisivo y, por tanto, a la vida sedentaria que puede estar tras el aumento de las tasas de obesidad?
4. Entre las medidas (todas restrictivas de la libertad de las cadenas televisivas o de los anunciantes) que propone (¿exige?) la OCU para luchar contra esta nueva "plaga", la primera es del todo clara: "prohibición de la publicidad televisiva antes, durante y después de los programas dirigidos a los niños menores de 12 años". Esto, justo después de decir que son los padres los responsables de la educación de sus hijos y del consumo televisivo de éstos.
En el fondo, la OCU ha abandonado la idea de que los consumidores, precisamente aquéllos a quienes dice representar, podamos actuar con libertad y, lógicamente, con responsabilidad. Con la boca pequeña habla de la responsabilidad paterna, pero lo que reclama es que ni siquiera tengamos que ejercerla. Ya están ellos y, sobre todo, el estado para ejercerla por nosotros. Menos mal que se trata de una organización de la sociedad civil, que si no...
